Justicia Indígena

Representantes de las 11 comunidades de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, frente a la Corte de Constitucionalidad.

JUSTICIA INDÍGENA

Dr. Mario David García

El tema dominante en el país es, sin duda, la reforma constitucional, cuyo principal objetivo parece ser la creación de un orden legal paralelo. Se propone, en efecto, el establecimiento del pluralismo jurídico que significa el desarrollo de una vieja idea expuesta en 1973, en una tesis doctoral del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, un prominente militante marxista portugués.

De Sousa Santos efectuó un estudio de campo de las “estructuras jurídicas” de una favela de Rio de Janeiro, para probar que podían coexistir en un mismo territorio dos órdenes normativos distintos. Su tesis sociológica, Law Against Law: Legal Reasoning in PasargadaLaw, fue presentada en Yale University, una universidad privada ubicada en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Por cierto, en Yale existen tres conocidas sociedades secretas de estudiantes: Skull&Bones, Scroll and Key y Wolf's Head.

Hace unos tres años, las autoridades de Río de Janeiro junto a tropa militar, irrumpieron en la favela estudiada por el sociólogo marxista cuarenta años atrás, poniendo fin al “derecho de pasárgada” como Sousa lo denominó en su obra. Empero, su propuesta política ha sido ampliamente difundida en Colombia, Bolivia, México y otros países, como forma de destrucción del derecho en sociedades capitalistas.

Ahora tocó a Guatemala. A efecto de la reforma constitucional, se ha afirmado la necesidad de integrar el derecho indígena a nuestra Constitución, sin que se haya acreditado suficientemente su fundamentación jurídica, su extensión, especialidades sustantivas y formas procesales. Y si existe normativa escrita, o todo se reduce a la oralidad. Y si se trata sólo de una forma de solución de conflictos, en un ámbito correspondiente al penal, en nuestra legislación.

Tampoco se precisó si todas las comunidades se rigen por las mismas costumbres preceptivas o difieren unas de otras; y sí, en los casos en que las comunidades cuentan con Principales, -esto es descendientes de la nobleza indígena-, se propugnará por la adopción de un modelo monárquico en una república fundada en 1823.

La promoción del proyecto, entonces, se reduce especialmente a sociólogos y antropólogos muy comprometidos ideológicamente, que no exponen conocimiento jurídico pero que, sin embargo, parecen ansiosos por lapidar la estructura existente.